Desde la recuperación de la democracia en Chile, el Estado ha puesto en marcha una política que ha permitido satisfacer parcialmente las demandas de tipo campesina y étnica reivindicadas por el pueblo indígena mapuche (con más de un millón de integrantes), mientras que la demanda etnonacional no ha encontrado eco en ningún sector político o social significativo de la sociedad chilena.
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