La persecución del delito económico, cometido desde las más altas posiciones de poder, es aceptada con dificultades por la Administración de Justicia, jueces y fiscales, con las necesarias excepciones. Así resulta de la muestra que a continuación se examina. Es significativo que, además de las excesivas dilaciones y de los reiterados pronunciamientos judiciales favorables a los presuntos responsables, el Mº Fiscal, en varios procedimientos que van a analizarse, se alinease objetivamente, con los imputados y acusados.
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