Mientras el Gobierno de Israel sigue dedicado con intensidad a la expansión de asentamientos ilegales, también trata de resolver dos problemas: una campaña de deslegitimación –esto es, de objeciones a sus crímenes y negativa a participar en ellos– y una campaña paralela de legitimación de Palestina.
La deslegitimación, que está progresando rápidamente, dio un paso adelante el pasado mes de diciembre por una petición de Human Rights Watch a EEUU para “suspender la financiación a Israel en una cantidad equivalente al coste de lo invertido por Israel en apoyar los asentamientos” y para vigilar las contribuciones a Israel, por parte de organizaciones estadounidenses exentas de impuestos, que vulneren las leyes internacionales, “incluyendo las prohibiciones contra la discriminación”, lo que abarcaría un amplio abanico de actividades. Amnistía Internacional ya había exhortado a la imposición de un embargo de armas contra Israel.
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