Los mayores bancos europeos han estado comprando deuda pública de Grecia, Portugal e Irlanda, exigiendo unos intereses claramente abusivos a los respectivos Estados, ayudados por las agencias de valoración de bonos públicos que deliberadamente presentaban la situación de tal deuda pública como problemática, a fin de conseguir unos intereses más altos, y con ello unos mayores beneficios.
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