El gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato. La urgencia con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles.
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